Artigo de Vicenç Navarro sobre as últimas revelacións respecto do TTIP
El elemento central
del TTIP (como lo ha sido en tratados anteriores, como NAFTA –entre
Canadá, EEUU y México-) es no solo la reducción de aranceles (ya
de por sí muy bajos) entre los dos continentes, sino también la
homogeneización a ambos lados del Atlántico Norte de las
regulaciones en las áreas de actividad económica, que incluyen
agricultura, seguridad alimentaria, productos manufacturados y
técnicos, servicios (incluyendo servicios financieros), protección
de la propiedad intelectual e intervenciones públicas (entre otras),
que afectan a la actividad económica privada de cada país.
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1. Las reglas
aprobadas para proteger el medioambiente han desaparecido en tal
tratado. Reglas tan sencillas (y a la vez tan importantes) como el
derecho de los países a proteger la vida humana, la vida animal y la
vida vegetal, han desaparecido. El bien conocido Principio de
Precaución vigente en la legislación europea permite a los Estados
prohibir o limitar la distribución de productos o la introducción
de sustancias que pudieran causar daño a la salud humana o a la vida
animal y vegetal, incluso en el caso de que la comunidad científica
no haya dictaminado de una manera definitiva su efecto nocivo. Este
principio es distinto (en realidad, opuesto) al vigente en EEUU,
donde el Estado no puede intervenir hasta que no se haya probado
definitivamente la nocividad de la sustancia o de los productos. El
TTIP adopta el principio vigente en EEUU, desprotegiendo al ciudadano
consumidor, trabajador o residente en un territorio. Dejaría de ser
práctica común en la UE, entre otras cosas, que se escribiera el
etiquetado en los productos alimenticios, por ejemplo, notificando al
consumidor que se trata de productos transgénicos. Y así, un largo
etcétera.
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5. Abre la puerta a
un proceso constantemente litigioso, en el que cualquier empresa que
considere que las regulaciones existentes en un país afectan
negativamente sus intereses, puede llevar al Estado en el que existen
tales regulaciones a los tribunales, controlados por agentes próximos
al mundo empresarial, que paga a tales agentes. Frente a la enorme
crítica sobre la composición y financiación de estos tribunales,
estas han variado algo, pero no lo suficiente, porque el tribunal
estará todavía sesgado a favor de que las empresas inicien el
litigio, pues a mayores litigios, mayores los ingresos de tales
tribunales. De ahí que el nuevo cambio en la composición de dichos
tribunales, que estarán formados por jueces en lugar de árbitros
legales, no resuelva el problema del sesgo de tales tribunales a
favor de las empresas, estimulando que favorezcan la actitud
litigiosa, en la cual el Estado puede perder muchos millones de
euros.
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La necesaria defensa de la democracia
En resumidas cuentas, este tratado es un intento
descarado de las grandes transnacionales de controlar las economías
y las sociedades. Ello explica la enorme oposición que está
generando tal tratado. El porcentaje que se opone a él ha pasado de
ser en Alemania del 25% en 2014 al 45% en 2015. Un tanto igual en
otros países. En Francia, el 54% de la población vive en
localidades que se han declarado “TTIP free”, es decir, que no
quieren que el TTIP se aplique en su territorio. Y el gobierno
francés ha señalado su oposición a tal tratado. Lo que es
lamentable es que en el Parlamento Europeo, donde los conservadores y
liberales tienen mayoría, la oposición al TTIP sea muy débil. Y lo
que es todavía peor es que los socialdemócratas, como síntoma de
su neoliberalización, apoyan también tal tratado.
En EEUU la oposición de las clases populares
explica el gran éxito del candidato republicano Trump y del
demócrata Sanders, y el cambio de actitud de la candidata demócrata
Clinton que, de apoyarlo, ha pasado a oponerse al TTIP. En España,
el PP, el PSOE, C’s y Convergència lo apoyan, mostrando una vez
más que las fuerzas políticas que hacen gala de su nacionalismo y
amor a la soberanía nacional son las primeras en apoyar tratados que
eliminarían tal soberanía. Es necesario que se recuperen las
soberanías populares que frenen una globalización que beneficia
única y exclusivamente a las empresas transnacionales cuyos
beneficios están basados en la pérdida de derechos laborales y
sociales que la población había adquirido.
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